Fiscalía admite tropiezos de la Paz Total y cuestiona su balance en Colombia

La fiscal general Luz Adriana Camargo reconoció que la política de Paz Total del Gobierno no tuvo el impacto esperado y admitió que, hasta ahora, el proceso “no fue exitoso”. Su diagnóstico no es menor: apunta a fallas estructurales en una de las apuestas más ambiciosas de la administración de Gustavo Petro para bajar la violencia y abrir caminos de negociación con actores armados en varias regiones del país. La funcionaria ubicó el problema en una combinación de factores: diálogos regionales que no avanzaron con solidez, decisiones judiciales y operativas que debilitaron la presión del Estado, y grupos armados que nunca mostraron una voluntad real de abandonar la violencia.

Según explicó Camargo, la suspensión de órdenes de captura terminó enviando señales ambiguas en un escenario donde la confianza ya era frágil. A eso se sumó que, mientras se intentaba abrir mesas de conversación, algunos integrantes de organizaciones armadas siguieron siendo investigados por la Fiscalía, lo que evidenció una contradicción de fondo: el Estado negociaba al mismo tiempo que mantenía abiertas causas penales contra personas vinculadas a esos procesos. Esa tensión, lejos de resolver el conflicto, terminó alimentando la desconfianza entre las partes y dejando a la institucionalidad en una zona gris entre la negociación política y la acción penal.

El reconocimiento de la fiscal tiene peso porque pone sobre la mesa una discusión que el Gobierno ha tratado de sostener con optimismo político, pero que en la práctica ha producido resultados desiguales. La Paz Total se presentó como una estrategia amplia, flexible y territorial para desactivar violencias en Colombia, pero su implementación mostró límites evidentes: ausencia de compromisos verificables, fragmentación de los interlocutores armados y dificultades para traducir los diálogos en desarmes, ceses reales o mejoras sostenidas de seguridad para las comunidades. En términos concretos, eso significa que en muchas zonas del país la población siguió viviendo entre extorsiones, confinamientos, amenazas y disputas armadas, mientras el debate nacional giraba alrededor de mesas que no siempre aterrizaron en hechos medibles.

Lo que dice Camargo también deja una lección política de fondo: negociar con estructuras armadas sin un marco claro de incentivos, controles y resultados puede terminar reforzando la percepción de impunidad o de improvisación estatal. La discusión ya no es solo si la Paz Total debía intentarse, sino cómo se diseñó y por qué no logró convertir la expectativa de paz en cambios tangibles para la gente. En un país donde la violencia cambia de forma, pero no desaparece, el balance de esta estrategia será clave para definir si el Estado corrige el rumbo o insiste en una fórmula que, por ahora, no ha conseguido desarmar la guerra.