Más de mil menores migrantes frenaron su traslado desde Canarias por arraigo en las islas
Imagen: El País
Más de mil adolescentes migrantes que llegaron solos a Canarias se opusieron a ser trasladados a la Península por el arraigo que habían construido en las islas. En numerosos casos, su negativa fue suficiente para frenar el movimiento y exponer las grietas del sistema de acogida.
Más de mil menores migrantes no acompañados se resistieron a ser enviados desde Canarias a otras comunidades de España y, en buena parte de los casos, lograron frenar el traslado. La razón no fue solo administrativa: muchos de esos adolescentes ya habían echado raíces en las islas, con escuela, amigos, redes de apoyo y rutinas que les hacían sentir que su vida comenzaba a tomar forma. En ese escenario, moverlos a la Península no era simplemente cambiar de centro, sino romper de golpe el poco suelo estable que habían conseguido.
La situación vuelve a poner el foco en el sistema de acogida de menores y en una de sus tensiones más delicadas: cómo equilibrar la distribución territorial de la atención con el derecho de cada niño y adolescente a la estabilidad, la protección y la continuidad de sus vínculos. Según informó El País, la resistencia de estos jóvenes fue masiva y efectiva en numerosos casos, algo que revela tanto su capacidad de agencia como las limitaciones de un modelo que a menudo trata a los menores como expedientes que deben moverse de un punto a otro del mapa. En Canarias, donde la presión migratoria ha sido especialmente alta, el debate sobre los traslados se cruza además con la saturación de centros, la falta de recursos y la dificultad de dar respuestas individualizadas.
Lo que está en juego va más allá de una reubicación logística. En términos humanos, cada traslado forzado puede significar cortar procesos escolares, romper lazos afectivos y retrasar la integración de jóvenes que ya enfrentan el trauma de haber migrado solos. Y en términos políticos, el caso expone un problema que España no ha resuelto del todo: la acogida de menores no puede depender únicamente de plazas disponibles, sino de trayectorias personales que deben ser evaluadas con cuidado. Si un adolescente siente que ya tiene “media vida hecha” en Tenerife, como resumió uno de los casos recogidos por El País, el Estado debería preguntarse no solo dónde cabe, sino dónde puede reconstruir su futuro con mayores garantías.
El episodio también deja una advertencia para el resto del país: cuando el sistema no ofrece estabilidad, los menores terminan defendiendo por sí mismos aquello que debió protegerse desde el inicio. Y ese es, quizá, el dato más incómodo de todos.
