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Más de 150 militares presos denuncian arbitrariedades judiciales en Venezuela

Hace 22 horas

Más de 150 militares detenidos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre para denunciar presuntas arbitrariedades judiciales, falta de respuesta oficial y violaciones al debido proceso. La protesta, difundida por María Corina Machado, se sostiene hasta que haya soluciones verificables y concretas.

Más de 150 militares presos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre dentro del penal donde permanecen recluidos para denunciar presuntas arbitrariedades judiciales, la ausencia de respuestas oficiales y vulneraciones al debido proceso. La protesta, dada a conocer por la líder opositora María Corina Machado, vuelve a poner sobre la mesa una de las caras más duras de la crisis venezolana: la situación de los detenidos por razones políticas o militares en un sistema judicial cuestionado por organismos nacionales e internacionales.

De acuerdo con la carta difundida por Machado, los uniformados responsabilizan a las autoridades por irregularidades en sus expedientes y por la falta de soluciones concretas frente a reclamos que, aseguran, llevan tiempo sin ser atendidos. La comunicación plantea que la huelga no responde a una maniobra política coyuntural, sino a una medida extrema ante el agotamiento de los canales institucionales. En su mensaje, los detenidos condicionan el fin de la protesta a respuestas verificables, no a promesas ni anuncios generales.

El caso importa porque expone de nuevo el deterioro del sistema de justicia venezolano y el uso de la prisión como instrumento de presión política y disciplinamiento interno. En un país donde las denuncias por detenciones arbitrarias, retrasos procesales y falta de acceso a defensa independiente se repiten desde hace años, una huelga de hambre dentro de un recinto militar no solo es una señal de desesperación: también es un termómetro del cierre de espacios para reclamar derechos básicos. Para la oposición, este episodio puede servir como nueva evidencia de persecución; para el gobierno, representa otro foco de presión en medio de su intento por proyectar normalidad institucional.

La situación deja, además, una pregunta de fondo sobre el costo humano de la crisis venezolana. Cuando un grupo numeroso de presos recurre a una huelga de hambre para exigir garantías mínimas, el conflicto deja de ser solo judicial y se convierte en una alerta sobre la capacidad del Estado para responder a sus propios detenidos. Si no hay una salida rápida y comprobable, el episodio puede escalar en el terreno humanitario y político, con repercusiones dentro y fuera de Venezuela.

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