Retrasos en Santurbán abren la puerta a la minería ilegal y elevan el riesgo ambiental
Imagen: infobae colombia
Las demoras de más de ocho años en la delimitación del páramo de Santurbán abrieron espacio a la minería ilegal y elevaron la presión sobre un ecosistema clave para el agua en Santander. Procuraduría y Defensoría encendieron las alarmas por el daño ambiental acumulado.
La demora en definir los límites del páramo de Santurbán ya no es solo un trámite pendiente: se convirtió en un factor que, según advirtieron la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ha facilitado el avance de la minería ilegal en una de las zonas ambientales más sensibles del nororiente colombiano. El mensaje de los organismos de control es claro: cuando el Estado tarda más de ocho años en cerrar una decisión de fondo, el vacío lo ocupan las actividades extractivas al margen de la ley, con consecuencias directas sobre el agua, los suelos y la seguridad ambiental de la región.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, las alertas apuntan a que la falta de una delimitación definitiva del páramo no solo ha prolongado la incertidumbre jurídica, sino que también ha debilitado la capacidad institucional para controlar el territorio. En la práctica, eso significa más margen para que operen frentes de minería ilegal y más dificultades para prevenir daños que, una vez instalados, son mucho más costosos de revertir. La preocupación no es menor: Santurbán es una zona estratégica para la regulación hídrica y para el abastecimiento de comunidades urbanas y rurales, por lo que cualquier intervención sin control golpea mucho más que un mapa administrativo.
El problema de fondo es que los páramos no admiten tiempos muertos. Son ecosistemas frágiles, de alta montaña, que cumplen una función vital en la captura y almacenamiento de agua, y por eso su protección debería ser una prioridad de Estado, no una discusión eterna entre expedientes, sentencias y trámites. En Santurbán, la demora acumulada ha tenido un efecto político y ambiental evidente: mientras no se resuelve con precisión dónde termina la zona protegida y dónde comienzan los usos permitidos, crece la disputa entre intereses económicos, comunidades, autoridades ambientales y defensores del territorio. Y en ese forcejeo, la minería ilegal gana terreno porque opera precisamente donde el control público es débil o tardío.
Lo que está en juego trasciende el caso de Santander. Santurbán se ha convertido en un símbolo nacional de una tensión recurrente en Colombia: cómo proteger fuentes de agua esenciales sin dejar que la institucionalidad se paralice por años. La advertencia de la Procuraduría y la Defensoría debería leerse como una llamada de atención para el Gobierno y para los entes territoriales, pero también para la ciudadanía que depende de esos ecosistemas aunque viva lejos de ellos. Si la delimitación sigue estancada, el costo no será solo ambiental; también será social, porque cada día de retraso amplía el espacio para economías ilegales que contaminan, degradan y dejan a las comunidades pagando la cuenta final.
