Santurbán paga el costo de ocho años de retraso y la minería ilegal gana espacio
Imagen: infobae colombia
La Procuraduría y la Defensoría encendieron las alarmas por el avance de la minería ilegal en Santurbán, un páramo clave para el agua en Santander. El retraso de más de ocho años en su delimitación, dicen, ha dejado un vacío que el delito aprovechó.
La advertencia es seria y llega tarde: mientras el Estado sigue sin cerrar la delimitación del páramo de Santurbán, la minería ilegal ha ido ganando terreno en una de las zonas ambientales más sensibles de Colombia. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo señalaron que las demoras acumuladas por más de ocho años no solo han frenado una decisión que debía dar certeza jurídica, sino que además abrieron la puerta para que crezcan actividades que degradan el territorio, presionan las fuentes hídricas y elevan el riesgo para las comunidades que dependen de ese ecosistema.
El problema no es menor ni local. Santurbán es una pieza estratégica del equilibrio ambiental en el oriente del país y una reserva natural de alto valor para el abastecimiento de agua en Santander. Cuando el Estado no define con claridad qué se puede hacer y qué no dentro de un páramo, el vacío regulatorio termina siendo aprovechado por quienes operan por fuera de la ley. En ese escenario, la minería ilegal avanza con maquinaria, tala, remoción de suelo y contaminación, mientras las autoridades ambientales y judiciales quedan reaccionando detrás de los hechos. El mensaje de los organismos de control es claro: la falta de decisión institucional no es neutral, porque en territorios frágiles el tiempo también destruye.
Este caso revela una falla estructural que Colombia arrastra desde hace años: la dificultad para armonizar la protección de ecosistemas estratégicos con intereses económicos, presiones locales y disputas políticas. La delimitación de los páramos se volvió un expediente lento, litigioso y altamente sensible, pero su retraso tiene consecuencias concretas para la gente común. Cuando un ecosistema de alta montaña se deteriora, el impacto no se limita a una zona remota; se traduce en menos seguridad hídrica, mayor vulnerabilidad frente a la sequía, conflictos por el uso del suelo y mayores costos sociales y ambientales para ciudades y municipios que dependen de esas fuentes de agua. En otras palabras, el problema de Santurbán no es solo de conservacionistas: también lo siente quien abre la llave en casa.
Por eso la alerta de la Procuraduría y la Defensoría debe leerse como una exigencia política, no solo técnica. Si el Estado no acelera una definición seria sobre la delimitación, el control territorial seguirá debilitado y la minería ilegal seguirá ocupando el espacio que deja la incertidumbre. Santurbán muestra una lección incómoda: cuando el Estado demora demasiado, el daño ambiental deja de ser una amenaza futura y se convierte en una realidad en curso, difícil de revertir y más costosa para todos.
