Lara aclara operativos contra migrantes y prepara nuevo estatuto antiterrorista
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro Rodrigo Lara aclaró que los operativos contra migrantes se concentrarán en perfiles de riesgo y no en controles masivos indiscriminados. Además, anunció que el Gobierno llevará al Congreso un nuevo estatuto antiterrorista, en medio de un debate político por seguridad y derechos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a precisar este jueves el alcance de los operativos anunciados por el presidente Abelardo De La Espriella contra migrantes y aseguró que la estrategia no apunta, al menos en el discurso oficial, a persecuciones generalizadas sino a intervenciones focalizadas sobre personas que representen un riesgo para la seguridad. La aclaración llega en un momento particularmente sensible: el Gobierno quiere mostrarse firme frente al crimen organizado y al mismo tiempo evitar que la discusión derive en acusaciones de estigmatización contra comunidades migrantes que ya viven bajo presión económica y social.
Según informó El Tiempo - Política, Lara explicó que las acciones estarán orientadas a identificar situaciones específicas y no a convertir a la población migrante en blanco automático de control estatal. En paralelo, el jefe de la cartera política confirmó que el Ejecutivo presentará al Congreso un nuevo estatuto antiterrorista, una iniciativa que busca endurecer herramientas judiciales y operativas frente a amenazas consideradas de alta gravedad. Aunque el ministro no detalló todos los alcances de la propuesta, sí dejó claro que la prioridad del Gobierno será reforzar la capacidad institucional para anticipar ataques y responder con mayor rapidez.
El anuncio abre una discusión de fondo que va más allá del lenguaje de la seguridad. En Colombia, cada endurecimiento normativo suele traer consigo una tensión conocida entre eficacia y garantías: más poder para las autoridades puede significar más capacidad de reacción, pero también más riesgos de abuso si no existen controles claros. En el caso de los migrantes, el problema es todavía más delicado porque cualquier operativo mal diseñado puede terminar alimentando prejuicios, desplazando la carga de la inseguridad hacia quienes ya están en situación de vulnerabilidad y debilitando la confianza entre población y Estado. Por eso, la precisión de Lara no es un detalle menor: es un intento de cerrar el paso a la idea de una cacería administrativa, al tiempo que se mantiene el mensaje de mano dura que la Casa de Nariño quiere instalar.
Lo que viene ahora será el trámite en el Congreso, donde el nuevo estatuto antiterrorista enfrentará preguntas inevitables sobre su constitucionalidad, su necesidad real y sus posibles efectos sobre libertades civiles. El debate no será técnico únicamente; será político y social. Si el Gobierno insiste en ampliar facultades sin construir garantías robustas, corre el riesgo de convertir una agenda de seguridad en un frente de conflicto con organizaciones de derechos humanos, sectores opositores y parte de la opinión pública. En ese tablero, el modo en que se redacte la ley será tan importante como el mensaje con el que se presente.
