Gobierno ordena aislar a 76 presuntos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó trasladar a 76 personas vinculadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a cárceles de máxima seguridad. La decisión apunta a endurecer el control sobre una estructura armada que sigue teniendo capacidad de intimidación en la Sierra Nevada.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 23 de septiembre el traslado de 76 personas señaladas de tener vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a centros carcelarios de máxima seguridad. La medida, presentada como un golpe de control estatal frente a esa estructura armada, busca aislar a quienes, según el Gobierno, podrían mantener coordinación interna desde lugares de reclusión y seguir ejerciendo presión sobre territorios donde la organización conserva influencia.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo (Colombia), el anuncio fue hecho en la mañana de este miércoles, en medio de la estrategia oficial para endurecer el trato penitenciario hacia miembros o presuntos colaboradores de grupos ilegales con presencia en la región Caribe y, en particular, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque por ahora no se han divulgado todos los detalles operativos del traslado, la decisión implica mover a estos 76 detenidos a cárceles con regímenes más restrictivos, mayor vigilancia y menos posibilidades de contacto con redes criminales externas.
La orden no es menor. En Colombia, el sistema penitenciario ha sido durante años una extensión del conflicto: desde las cárceles se han coordinado extorsiones, amenazas y movimientos logísticos de organizaciones ilegales que, pese a estar golpeadas por operativos judiciales y policiales, mantienen capacidad de adaptación. Por eso, llevar a máxima seguridad a personas asociadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra no solo busca castigo o contención, sino también cortar canales de mando y reducir el margen de reorganización. En términos prácticos, la pregunta que queda es si esta medida se traducirá en menos violencia e intimidación sobre comunidades que han convivido con economías ilegales, cobros extorsivos y disputas por control territorial.
El anuncio también envía un mensaje político: el Gobierno quiere mostrarse con mano dura frente a una estructura que, aunque no siempre ocupa el centro del debate nacional como otras organizaciones armadas, sigue siendo un actor de peso en una zona estratégica para rutas, rentas ilegales y control social. Para los habitantes de la Sierra Nevada y los corredores cercanos, lo que está en juego no es solo una operación penitenciaria, sino la posibilidad de que el Estado logre romper la cadena que conecta a los cabecillas presos con el poder real que aún se ejerce en el territorio. Si la medida se sostiene y no se queda en un gesto de coyuntura, podría marcar un precedente sobre cómo Colombia enfrenta a los grupos que sobreviven incluso detrás de las rejas.
