UNP retira esquema de seguridad a Levy Rincón y crece la alarma por su protección
Imagen: El Tiempo - Política
La Unidad Nacional de Protección le retiró a Levy Rincón el esquema que lo acompañaba, pese a que el activista afirma tener una calificación de riesgo extraordinario. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la protección estatal a líderes y voces críticas en Colombia.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) le suspendió el esquema de seguridad a Levy Rincón, un activista que venía siendo protegido con dos escoltas y una camioneta. La decisión no es menor: llega, según denunció el propio Rincón, cuando su evaluación de seguridad todavía lo ubica en un nivel de “riesgo extraordinario”, una categoría que en teoría obliga al Estado a mantener medidas reforzadas de protección.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, el activista considera que el retiro del esquema contradice el resultado de su análisis de riesgo y lo deja expuesto en un contexto en el que las amenazas contra defensores, líderes sociales y voces incómodas al poder siguen siendo una realidad cotidiana en Colombia. La suspensión no solo implica la salida de los escoltas y del vehículo asignado, sino también una señal preocupante sobre la consistencia con la que el Estado aplica sus propias decisiones de protección.
El caso importa más allá de una disputa administrativa. En Colombia, la UNP es una pieza clave para intentar contener el peligro que enfrentan periodistas, activistas, líderes comunitarios y exfuncionarios en un país donde la violencia política ha dejado una huella profunda. Cada vez que se cuestiona el retiro de un esquema, se reabre la discusión sobre si la protección se está asignando con criterios técnicos o si, por el contrario, hay errores, demoras o decisiones que terminan dejando a personas amenazadas en una zona de vulnerabilidad inaceptable. Para alguien que insiste en tener riesgo extraordinario, el mensaje es claro: el Estado puede estar bajando la guardia cuando más debería sostenerla.
También hay un problema de fondo que Colombia arrastra desde hace años: la brecha entre el papel y la realidad. Tener una calificación de riesgo alto no garantiza, por sí sola, que el esquema se mantenga intacto, y esa distancia entre evaluación y respuesta institucional suele convertirse en una zona gris peligrosa. En la práctica, eso significa que la seguridad de una persona puede depender de trámites, revisiones y decisiones internas que no siempre son transparentes para la opinión pública. Por eso este caso no debería leerse como un simple ajuste logístico, sino como una alerta sobre la fragilidad de la protección estatal cuando se trata de quienes denuncian, incomodan o disputan poder en Colombia.
