Venezolanos en Barranquilla piden no confundir migración irregular con delincuencia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
En Barranquilla, organizaciones de migrantes venezolanos respaldaron las medidas contra extranjeros que cometan delitos, pero exigieron que no se use la migración irregular como sinónimo de criminalidad. También pidieron debido proceso, regularización y freno a la xenofobia.
La discusión sobre el plan de deportaciones en Barranquilla abrió una línea de tensión que atraviesa a toda Colombia: cómo enfrentar los delitos cometidos por extranjeros sin convertir a la migración venezolana en chivo expiatorio. Organizaciones de apoyo a migrantes respaldaron que se actúe con firmeza contra cualquier persona que infrinja la ley, pero advirtieron que eso no puede traducirse en estigmatización colectiva ni en mensajes que mezclen irregularidad migratoria con delincuencia.
Según informó El Tiempo (Colombia), los voceros consultados defendieron una postura de doble vía: sí a la actuación de las autoridades cuando haya delitos comprobados, pero con garantías de debido proceso, revisión individual de los casos y mecanismos reales de regularización para quienes han llegado al país a trabajar, estudiar o sostener a sus familias. El matiz no es menor. En una ciudad como Barranquilla, donde la presencia venezolana es visible en barrios, comercios y transporte informal, cualquier anuncio sobre deportaciones tiene efectos inmediatos en la percepción pública y en la vida diaria de miles de personas que viven entre la precariedad y el miedo a ser tratadas como sospechosas solo por su nacionalidad.
El trasfondo de este debate es más amplio que una sola ciudad. Colombia ha recibido uno de los mayores flujos migratorios de la región en los últimos años y, aunque la mayoría de venezolanos no está vinculada a delitos, la conversación pública suele endurecerse cada vez que aumentan los hechos de violencia o se producen capturas de extranjeros. Ahí está el riesgo político: si el Estado no separa con claridad la persecución penal de la política migratoria, alimenta la xenofobia y debilita la convivencia. Además, una estrategia centrada solo en expulsiones puede dar una sensación de control a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo: la irregularidad, la informalidad laboral, la falta de papeles y la vulnerabilidad que empuja a muchas personas a quedar por fuera de cualquier ruta institucional.
Por eso, la reacción de estas organizaciones merece leerse como una advertencia y no como una defensa ingenua. Piden que la autoridad actúe, sí, pero con reglas claras y sin atajos discursivos que terminen castigando a toda una comunidad por los actos de unos pocos. En un país que sigue buscando cómo integrar a más de dos millones de migrantes y refugiados, la pregunta de fondo no es solo a quién se expulsa, sino qué clase de respuesta institucional se construye para que la seguridad no termine convertida en discriminación.
