Actualidad política de EE.UU. y Colombia
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El Gobierno mantiene en revisión los esquemas de seguridad asignados por la UNP y ya puso la lupa sobre el del exalcalde Daniel Quintero, al que fuentes oficiales califican de sobreprotegido. La decisión abre un nuevo debate sobre el uso de recursos públicos y los criterios para asignar protección.
El senador Enrique Gómez radicó un proyecto para ponerle fecha de salida a la Jurisdicción Especial para la Paz: quiere que la JEP termine en 2028 y bloquear cualquier prórroga. La iniciativa reabre el pulso sobre el futuro del sistema de justicia transicional en Colombia.
Colombia llega a la Asamblea General de la ONU con una agenda cargada en Nueva York, marcada por la reunión del Escudo de las Américas y varios encuentros bilaterales. El momento central será la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo este jueves ante la máxima instancia del organismo.
El Gobierno de Daniel De la Espriella expidió una directriz para coordinar a ministerios y a la UNGRD frente al fenómeno de El Niño. La orden busca evitar respuestas aisladas y preparar al Estado para impactos sobre agua, energía y seguridad alimentaria.
La discusión sobre el presupuesto de 2027 terminó en una pelea política por una palabra: “familia”. Congresistas de la Alianza Verde cuestionaron a la directora del ICBF, mientras el debate reveló tensiones de fondo sobre cómo el Estado entiende y atiende a los hogares colombianos.
El presidente Gustavo Petro recorrió de noche varios sectores de Santa Marta en un despliegue de seguridad tras los ataques atribuidos a las Acsn. La visita envía un mensaje político y operativo en una ciudad que hoy concentra miedo, presión institucional y disputa criminal.
La senadora María Clara Posada cuestionó un contrato de arriendo de la JEP por 114.202 millones de pesos y puso la lupa sobre la magnitud del gasto. La crítica abre un debate incómodo sobre la administración de los recursos públicos en una entidad clave del posconflicto.
El Congreso y la Alcaldía de Santa Marta respaldaron la militarización anunciada por el presidente De La Espriella para responder al paro armado que golpea la región. El apoyo político llega mientras crece la presión por recuperar el control territorial y proteger a la población civil.
El Gobierno revocó la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, una decisión que cierra uno de los gestos más polémicos de la política de “paz total”. La medida reabre el debate sobre los límites de esa estrategia y el lugar de exjefes armados en ella.
El presidente condenó los ataques terroristas registrados en Santa Marta y anunció la militarización de la ciudad para contener la escalada de violencia. También dijo que viajará a la región en las próximas horas para seguir de cerca la crisis.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que a varios exfuncionarios del gobierno Petro se les redujo el esquema de seguridad, pero negó que hayan quedado desprotegidos. La decisión reabre el debate sobre el uso de escoltas en Colombia y la presión sobre la Policía.
Abelardo De La Espriella recibió en Barranquilla a Laura Fernández Delgado, la primera jefa de Estado en visitarlo desde su posesión en Cali. El encuentro marca un gesto político relevante para la nueva administración y abre la puerta a una agenda bilateral más activa.
